La residencia Alborada sanciona a tres auxiliares por posibles tratos vejatorios a ancianos.
La residencia Alborada ha sancionado a tres auxiliares con suspensión de empleo y sueldo mientras están siendo investigadas por la Fiscalía de Torrelavega por un presunto delito de tratos degradantes contra personas mayores. Esta medida se tomó después de que el centro concertado tuvo acceso a las diligencias previas iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 7, el cual está a cargo de las investigaciones y ha citado a declarar a al menos cuatro trabajadoras, incluyendo a las tres sancionadas. Según la información preliminar de la investigación, estos presuntos maltratos tuvieron lugar en tres noches específicas entre diciembre del año pasado y enero de 2023.
Tras examinar los informes y los datos proporcionados por la empresa sobre el personal que trabajó durante ese período, la residencia ha identificado a las presuntas responsables y ha tomado conocimiento de la gravedad de los hechos denunciados. Estos presuntos maltratos han sido calificados por la Alborada como «execrables«, «absolutamente condenables» y «manifiestamente impropios de quienes tienen a su cuidado a personas especialmente necesitadas de atención y cariño«. El centro lamenta profundamente estos presuntos delitos y tiene la intención de ejercer la acusación particular, sumándose así a la postura de las familias y posiblemente a la del Ayuntamiento de Torrelavega, aunque este último aún lo está considerando.
La suspensión de empleo y sueldo de las auxiliares es una de las «medidas de prevención» adoptadas por el centro desde enero, cuando se tuvo conocimiento de las investigaciones. En ese momento, se activó el protocolo de malos tratos y se reubicó al personal adscrito a la planta donde supuestamente ocurrieron los hechos. Desde entonces, ha habido dos versiones diferentes sobre los cambios realizados y la actitud de la empresa. La residencia reconoce el malestar de las familias, pero no comparte las graves acusaciones contra el funcionamiento general del centro, mientras que las denunciantes critican la falta de transparencia y la falta de disposición por parte de los responsables.
La residencia afirma que si las familias hubieran informado de estos hechos a los responsables de la entidad, se habría actuado de inmediato para proteger a los usuarios afectados y se habría informado a las autoridades, según lo establecido en su protocolo de prevención de malos tratos. Sin embargo, las hijas de las presuntas víctimas sostienen que la residencia restó importancia a los hechos y que la relación con una de las familias había sido conflictiva, lo que llevó a ofrecerles un traslado de centro en noviembre.
La Alborada enfatiza que las actuaciones judiciales se dirigen a personas individuales y no a la institución en su conjunto, la cual no está siendo investigada y no debería serlo. El centro ha estado prestando servicios durante casi 20 años, cumpliendo integralmente con la normativa del sector y brindando un servicio de calidad. Expresan sus más sinceras disculpas a los afectados por estos hechos ocurridos en su centro y aseguran que nadie tiene mayor interés que ellos en prevenir y erradicar este tipo de conductas. La dirección de la residencia reafirma que este lamentable episodio no debe empañar la reputación general de la institución, que está compuesta en su mayoría por trabajadores comprometidos y dedicados que realizan una labor difícil pero gratificante.
