El Gobierno de Cantabria condenado por dos nuevos despidos improcedentes en el Servicio de Empleo
El Juzgado de lo Social Número Uno de Santander ha condenado nuevamente al Gobierno de Cantabria por el despido improcedente de dos trabajadoras del Servicio Cántabro de Empleo, quienes llevaban 12 y 22 años de servicio en la Administración, respectivamente. Las trabajadoras son antiguas componentes de la Unidad de Promoción y Desarrollo Regional y fueron declaradas personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial en 2016, tras haber estado contratadas en fraude de ley y haber sufrido situación de cesión ilegal de trabajadores dentro de la Administración regional.
Los despidos de las trabajadoras, que tuvieron lugar en agosto y septiembre de 2022, fueron indemnizados con solamente 20 días por año trabajado, a pesar de que la Función Pública ya conocía que esta decisión contravenía la doctrina fijada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Esta sentencia considera el pretendido «cese» en plaza de funcionario de cualquier persona con relación de carácter laboral con la Administración pública que haya sido calificada previamente con indefinido no fijo como despido improcedente.
La sentencia del Juzgado de lo Social sigue el razonamiento fijado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en las cuatro anteriores dictadas en 2022 para los casos «idénticos» de seis excompañeros de trabajo en el EMCAN. En estas sentencias también se declaró la improcedencia de los despidos y se condenó al Ejecutivo a indemnizar a los demandantes con 33 días por año trabajado. La suma conjunta de las indemnizaciones de los ocho trabajadores supera los 450.000 euros.
El Gobierno de Cantabria ha recurrido la sentencia ante el TSJC, lo que, según el defensor de los demandantes, parece ser una estrategia dirigida únicamente al castigo de los demandantes para retrasar el cobro de sus indemnizaciones y aumentar los gastos en el proceso, aprovechando los recursos de la maquinaria jurídica pública. El abogado señala que los abogados del Gobierno ni siquiera citan en su defensa la sentencia del TSJ de Extremadura utilizada para el recurso de casación elaborado en contra de las sentencias de sus compañeros, lo que deja al descubierto la intención de las decisiones tomadas desde el Gobierno.
La petición realizada por CCOO en el Gobierno de Cantabria en enero, en la que solicitaron al Ejecutivo que desistiera de estos recursos «para no alargar más la agonía de estos trabajadores», fue desoída. Esto supone, según el sindicato, «un agravio y un maltrato que se une a la dolorosa pérdida de sus empleos en los que llevaban una media de 20 años».
