Los sindicatos de Justicia convocan una huelga indefinida a partir del 17 de abril para exigir una subida salarial digna y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa.
Se anuncia una nueva huelga en la Administración de Justicia que amenaza con paralizar de nuevo los tribunales. Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG han convocado un paro indefinido a partir del 17 de abril para los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio de Justicia. La principal reivindicación es obtener una subida salarial «digna«, así como la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin una previa negociación entre el ministerio y los representantes de los trabajadores públicos.
La primera jornada de huelga comenzará el miércoles 17 de abril con paros parciales desde las 10:00 hasta las 13:00 horas todos los días de forma indefinida. Asimismo, el 19 de abril está convocada una jornada de huelga general todo el día, que incluirá una gran manifestación que partirá de la sede del Ministerio de Justicia en la madrileña calle San Bernardo.
Los sindicatos critican «la nula voluntad del Ministerio de Justicia» para alcanzar un acuerdo que, según dicen, pudieron constatar en la reunión mantenida este jueves por la tarde entre el departamento que dirige Pilar Llop y las centrales representativas de los cuerpos laborales afectados.
La huelga de cerca de dos meses que mantuvo el cuerpo de letrados el año pasado provocó la suspensión de cerca de 400.000 juicios y vistas, además de perjudicar otras actuaciones de las oficinas judiciales. Los convocantes aseguran que la nueva convocatoria de paros, esta vez por el resto de funcionarios de Justicia, afecta fundamentalmente a lo que se denomina «zona ministerio«. Se trata de las comunidades autónomas que no tienen transferidas competencias en esta materia (Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, Baleares y Murcia), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
